Sudáfrica Fiscal Febrero 2021

Sudáfrica: El Gobierno presenta una senda de saneamiento mejorada, pero sigue apostando por los recortes salariales públicos

El 24 de febrero, el Gobierno presentó al Parlamento el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021-2022, que comienza el 1 de abril, manteniendo su compromiso con la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda. La mejora de las perspectivas macroeconómicas y unos ingresos superiores a los previstos en comparación con la declaración presupuestaria a medio plazo de octubre de 2020 han mejorado la trayectoria fiscal prevista. Sin embargo, la viabilidad del plan de estabilización depende del éxito de las negociaciones salariales del sector público, ya que una reducción de la masa salarial pública sigue siendo fundamental para el objetivo del Gobierno, mientras que otros factores políticos y estructurales plantean desafíos adicionales. El documento de política revisó la previsión del Gobierno para el déficit presupuestario consolidado al 14,0% del PIB para el ejercicio fiscal en curso (abril 2020-marzo 2021), desde el 15,7% del PIB en octubre. Esto refleja unos ingresos mejores de lo previsto desde octubre, gracias al repunte de los precios de las materias primas mineras y a una recuperación de la demanda interna mayor de lo esperado. La mejora por el lado de los ingresos, unida a unos ajustes más favorables de las perspectivas de crecimiento, llevó al Gobierno a reducir su proyección del déficit fiscal para el próximo ejercicio al 9,3% del PIB (octubre: 10,1% del PIB), y al 6,3% para el ejercicio 2023-2024 (octubre: 7,3% del PIB). Además, en este contexto, el Gobierno suprimió los 40.000 millones de ZAR (2.800 millones de USD) de subidas de impuestos previstas y ajustó los umbrales del impuesto sobre la renta por encima de la inflación, proporcionando así cierto alivio a los hogares. Mientras tanto, por el lado del gasto, el gobierno asignó 9.000 millones de ZAR (600 millones de USD) a un programa de vacunación gratuita contra el virus Covid-19. El gobierno también redujo sus previsiones de deuda pública al 80,3% del PIB para el actual ejercicio fiscal, desde el 81,8% del PIB en octubre. Mientras tanto, el pico y la estabilización de la deuda se ven ahora en el 88,9% del PIB en el AF 2025-2026, frente al 95,3% del PIB previsto en la declaración de octubre. El Tesoro aspira a lograr un superávit primario en el AF 2024-2025 -un año antes de lo previsto en el presupuesto de octubre-, principalmente mediante recortes de la masa salarial pública y la eliminación progresiva de los gastos relacionados con Covid-19.

Dicho esto, el éxito de la consolidación depende en gran medida de las duras negociaciones con los sindicatos del sector público, que comenzarán a finales de este año. Además, los factores sociales y políticos, como los elevados niveles de desigualdad y las fuertes divisiones en el seno del Congreso Nacional Africano, que gobierna el país, supondrán un obstáculo para los grandes recortes del gasto.

En cuanto a la viabilidad del plan de saneamiento del Gobierno, Andrew Matheny, economista de Goldman Sachs, señaló: “Mantenemos nuestra valoración de que el principal riesgo se deriva de las negociaciones salariales que se desarrollarán en los próximos meses y que configurarán los acuerdos salariales reales (resultados que corren el riesgo de ser materialmente superiores a la congelación salarial nominal que propone el Tesoro Nacional)” Por otra parte, los analistas de Fitch Ratings destacan otros obstáculos: “El Gobierno se enfrentará a otros retos para cumplir sus objetivos de saneamiento fiscal. Los cuellos de botella estructurales siguen frenando las perspectivas de crecimiento a medio plazo, aunque prevemos que el crecimiento del PIB repunte hasta el 3,6% en 2021, reflejando sobre todo los efectos de base y la fuerte recuperación de los precios de la minería. El débil crecimiento complicará los esfuerzos de las autoridades por reducir el déficit presupuestario y, al mismo tiempo, tratar de abordar la desigualdad social excepcionalmente alta y el elevado desempleo. Mientras tanto, la posible necesidad de ampliar la asistencia financiera a las empresas estatales en dificultades, incluida la empresa nacional de electricidad Eskom (B/Negativo), presenta importantes riesgos a la baja para las finanzas públicas.”